«The Ecologist» en castellano.
Los archivos de Monsanto.

Puertas Giratorias: Monsanto y la Administración.

por Jennifer Ferrara.

Directivos de Monsanto han desempeñado y desempeñarán puestos clave en la Administración y viceversa, sobre todo en la Food and Drug Administration (FDA). ¿A quién le sorprende que Monsanto obtenga autorización para sus productos?.

Aunque la biotecnología (BT) evolucionó muy rápidamente de ser una ciencia de laboratorio a ser un método para crear productos comerciales -en menos de una década- el gobierno de los Estados Unidos vio venir la comercialización de la biotecnología y deliberadamente eligió un camino que en la práctica ha supuesto la no regulación. La ingeniería genética rompió las barreras naturales de la reproducción y aceleró los procesos de producción vegetal y animal, pero las empresas agroalimentarias tuvieron miedo de que los reglamentos cuidadosos pudiesen dificultar los nuevos descubrimientos y, por tanto, el desarrollo comercial de la tecnología. El gobierno federal se puso del lado de la industria. En vez de establecer reglamentos estrictos y cautelares, que diesen prioridad a la salud pública y medioambiental, fue componiendo un sistema reglamentario inadecuado, basado en la evaluación de riesgos, la ciencia industrial y el voluntarismo corporativo.

Los EE.UU. se encontraban inmersos en una carrera económica con Japón por la alta tecnología, y, en lo referente a la agricultura, los legisladores percibían la ingeniería genética como la nueva tecnología que permitiría a los EE.UU. mantener su posición como líder mundial del sector agrícola. El gobierno federal no promulgaría ninguna ley que pudiera reducir la competitividad estadounidense en el futuro mercado mundial de los productos de la BT.

El primer organismo gubernamental en establecer directrices para la investigación biotecnológica fue el National Institute of Health (NIH) en 1976¹. Ya que el NIH es un organismo consultivo y no regulador, podía formular directrices pero no tenía autoridad para hacerlas cumplir. Desde el principio, las directrices del NIH dependían de la autorregulación de la comunidad científica e industrial, marcando una tendencia que continuaría hasta el día de hoy. A medida que las empresas se involucraban cada vez más en la ingeniería genética, las directrices del NIH iban adaptándose a los resultados y a la producción en serie de los organismos modificados genéticamente. Entre 1977 y 1978, se presentaron ante el Congreso de los EE.UU. 16 proyectos de ley para la reglamentación de la investigación genética. No prosperó ninguno, y las directrices del NIH -que contemplaban principalmente la investigación médica y farmacéutica y no tenían un enfoque cautelar- seguían siendo el único mecanismo reglamentario de la investigación biotecnológica.

En los primeros años de los 80, las empresas agroalimentarias estaban desarrollando plantas, fármacos para la ganadería e incluso ganado modificado genéticamente, pero no existía ningún sistema que reglamentase el desarrollo, la venta o la utilización de estos productos². Corrían los tiempos de la administración desreguladora Reagan/Bush, que desarrolló el marco mediante el que los productos de la BT, incluyendo los alimentos, se «reglamentan» hoy en día. La primera prioridad de la administración fue el beneficio industrial, y no la seguridad pública. Algunos funcionarios del gobierno en la Office of Management and Budget, el Department of State and Commerce y la White House Office of Science and Technology Policy querían asegurarse de que la administración no hiciera nada que «sofocase» el desarrollo de la biotecnología o que mandase el mensaje «equivocado» a Wall Street³. El President's Council on Competitiveness de la «era Bush», presidido por el Vice Presidente Dan Quayle, se unió a la industria de la biotecnología en su oposición a un reglamento fuerte y a la vigilancia de cerca por parte de las agencias federales⁴.

El resultado fue el «marco reglamentario sobre biotecnología» de 1986⁵. Esta política se basó en la máxima empresarial de que la BT no es más que una ampliación de las formas tradicionales de producción vegetal y animal, y que los productos de la BT no diferían fundamentalmente de los organismos no modificados genéticamente⁶. La administración determinó que las agencias federales existentes serían capaces de regular adecuadamente los productos de la BT y les otorgó autoridad reguladora de forma solapada⁷. Por ejemplo, la Food and Drug Administration (FDA) regularía los organismos de la BT en la alimentación y en los fármacos. El United States Department of Agriculture regularía los cultivos y los animales de la BT. La Environmental Protection Agency (EPA) regularía los organismos de la BT que se liberasen al medio para el control de plagas. Y el NIH se encargaría de los organismos que pudiesen afectar a la salud pública. Al determinar que las agencias existentes podían encargarse de la labor de regular los productos de la BT, la administración evitaba tener que aprobar nuevas y más exigentes leyes federales o establecer una nueva agencia reguladora responsable de esta tarea.

Esta política dejaba grandes vacíos en la comunicación entre agencias, mucho terreno regulador sin cubrir, y confusión en cuanto a quién regularía el qué^8,9. Pero lo que es más importante, los reglamentos se fundaban en la falsa premisa de que los organismos modificados genéticamente y utilizados para productos alimenticios y agrícolas no difieren de los productos convencionales no manipulados¹⁰. De hecho, para producir alimentos modificados genéticamente los investigadores toman genes de organismos alimenticios o no alimenticios y los añaden a otro organismo para alterar su composición genética, en formas que no son posibles mediante la reproducción sexual. Este proceso suprime proteínas esenciales o añade otras completamente nuevas, y puede modificar las características genéticas de forma totalmente inesperada. Cuando los nuevos genes proceden de una fuente alimenticia homologada, el gobierno trata a los genes nuevos o alterados en los alimentos modificados genéticamente como aditivos naturales y no novedosos. Así, en la mayoría de los casos los reguladores no tienen que adoptar un enfoque cautelar al evaluar los nuevos productos alimenticios de la BT; los productos se consideran seguros hasta que no se demuestre lo contrario.

Hasta fechas tan recientes como 1994, se veía que el gobierno federal todavía iba atrasado en el establecimiento de reglamentos sobre la seguridad biotecnológica. La Union of Concerned Scientists (UCS), que realiza un seguimiento de la industria de la biotecnología y el sistema regulador federal, señaló las lagunas en el supuesto marco regulador¹¹. De acuerdo con un escrito de la UCS de febrero de 1994, «Fundamentalmente, no tiene suficiente autoridad estatutaria para supervisar todos los productos y todas las actividades relacionadas con la ingeniería genética. (...) Donde sí hay autoridad, existen problemas en la ejecución de los reglamentos y las políticas». Por ejemplo, una política de la FDA de 1992 eximió a las empresas de la obligación de realizar pruebas de seguridad en los alimentos modificados genéticamente y de conseguir la aprobación de la FDA antes de comercializar los alimentos¹². A menos que la misma empresa determinase que «existen suficientes cuestiones de seguridad¹³», podía realizar consultas privadas y voluntarias con la agencia antes de comercializar su producto¹⁴.

No es inusual que las empresas agroalimentarias como Monsanto manipulen los limitados reglamentos de seguridad que existen. Al establecer normas de seguridad para los nuevos productos, las agencias federales se fían de los estudios que han sido elaborados por las mismas empresas que intentan lanzar sus productos al mercado. No siempre se exigen estudios que determinen las consecuencias de los nuevos productos sobre la salud a largo plazo. A lo largo de los años, muchas empresas han entregado resultados de investigaciones fraudulentas para demostrar que sus productos son seguros, o simplemente han ocultado información o estudios que indican lo contrario. Ya que el gobierno federal protege los estudios de seguridad de las empresas, considerándolos como secretos comerciales, estos no están disponibles para el público. Al proteger a las empresas de esta forma, las agencias federales defienden los intereses privados por encima del derecho social a la salud y a un medio ambiente seguro.

La ironía reguladora.

Las leyes que rigen la biotecnología siguen favoreciendo a las empresas agroindustriales y biotecnológicas, pero a medida que la industria se ha ido desarrollado, ha habido giros irónicos en la presión empresarial hacia determinados tipos de reglamentos. La falta inicial de un enfoque reglamentario cautelar permitía a las pequeñas empresas biotecnológicas desarrollar y comercializar los productos de la BT a un ritmo acelerado. Mientras tanto, las empresas agroindustriales más grandes, como Monsanto y Ciba-Geigy, se dedicaban a comprar estas pequeñas empresas al tiempo que desarrollaban sus propias investigaciones y operaciones comerciales. Durante este tiempo, Monsanto, Ciba-Geigy y otros gigantes agroindustriales prácticamente llegaron a dominar el mercado mundial de productos alimenticios de la BT, fortaleciendo su dominio en el suministro de alimentos en gran parte del mundo.

Desde su posición de dominio, Monsanto y las otras empresas han promovido algunos reglamentos aparentemente restrictivos, pero sólo cuando los reglamentos convienen a sus propósitos comerciales. Los reglamentos que obligan a las empresas a presentar una plétora de costosos datos científicos a las agencias reguladoras, por ejemplo, desaniman a las empresas biotecnológicas y semilleras más pequeñas, mientras proporcionan al público la ilusión de que los nuevos productos de la BT son sometidos a evaluaciones rigurosas de seguridad y, por lo tanto, son seguros.

En 1995, por ejemplo, Monsanto presionó en contra de una disposición de la ley de financiación de la EPA, que hubiese impedido a la EPA regular las plantas agrícolas modificadas para contener la bacteria tóxica Bacillus thuringiensis (Bt)¹⁵. Los alimentos de la BT acababan de entrar en el mercado, y Monsanto era plenamente consciente de que casi cualquier regulación de la EPA para las plantas Bt autorizaría públicamente los productos de la BT y apaciguaría la resistencia por parte de los grupos ecologistas. Más aun, las empresas sólo conseguirían comercializar sus productos Bt si contaban con suficiente dinero y recursos para pasar estos trámites. Solamente las grandes empresas pueden satisfacer estos requisitos aportando toda la información y, despues manipular y superar las pruebas de evaluación de seguridad de la EPA. Con la competencia marginada, el mercado es suyo.

La FDA: Escándalos y Puertas Giratorias.

Para comprender mejor cómo los alimentos de la BT y los riesgos de seguridad asociados se impusieron en la sociedad norteamericana, basta con mirar la historia del primer producto alimenticio de la BT comercializado a gran escala: la hormona recombinante de crecimiento bovino (rBGH) de la corporación Monsanto. La rBGH se ha relacionado con el cáncer en los seres humanos y con graves problemas de salud en las vacas, incluyendo infecciones en las ubres y problemas reproductivos. El desarrollo y la aprobación de la rBGH estuvo marcado por los escándalos y las protestas. Pero la adecuada combinación de apoyo gubernamental, investigación privada y millonarios proyectos de marketing, prepararon el terreno para la primera liberación importante de un alimento de la BT en el suministro alimenticio del país.

Los papeles que desempeñaron la FDA y Monsanto en el desarrollo, la evaluación de seguridad, aprobación y comercialización de la rBGH llevaron a que se expusiera la sociedad norteamericana a los múltiples riesgos de los alimentos de la BT. Estas instituciones ocultaron datos importantes sobre cuestiones de seguridad, taparon preocupantes conflictos de intereses y suprimieron la oposición de quienes hacían las preguntas «equivocadas» y decían verdades sobre la rBGH.

La FDA declaró que la leche con rBGH era segura para el consumo humano, antes de disponer de datos significativos sobre cómo la leche con rBGH podía afectar a la salud humana¹⁶. Cuando empezaron a surgir informes de gran importancia sobre cómo la rBGH aumentaba los niveles del factor de crecimiento tipo insulina, IGF-1, en la leche¹⁷ y la posible conexión entre el IGF-1 y el cáncer en los humanos¹⁸, parecía que la FDA estaba demasiado comprometida como para cambiar de opinión o hacer más preguntas sobre el efecto de este fármaco en la salud humana. En su lugar, la agencia se fió casi exclusivamente de los datos generados por Monsanto muy criticados por científicos independientes, para justificar una decisión que había tomado muchos años antes^19,20. Numerosos científicos han pedido estudios más amplios a largo plazo, que nunca se han llevado a cabo.

En 1991, un investigador de la Universidad de Vermont (UVM), donde Monsanto había invertido casi medio millón de dólares para financiar las pruebas de la rBGH, filtró información sobre los serios problemas de salud que afectaban a las vacas tratadas con rBGH, como mastitis y terneros deformes²¹. El científico que encabezaba la investigación ya había hecho numerosas declaraciones públicas ante los legisladores del estado y los medios de comunicación y había publicado un informe preliminar que señalaba que las vacas tratadas con rBGH no padecían tasas anormales de problemas de salud, en comparación con las vacas no tratadas²². El US General Accounting Office (GAO) investigó. Durante la investigación, la FDA eludió proporcionar al GAO los datos originales de las pruebas de Monsanto²³ y el GAO no fue capaz de conseguir datos críticos de la UVM y de Monsanto²⁴. El GAO concluyó su investigación, preocupado por si Monsanto había tenido tiempo de manipular los datos cuestionados y por si cualquier continuación de la investigación no diera frutos. En un esfuerzo por disipar la preocupación pública, los científicos de la UVM finalmente hicieron público datos que demostraban el efecto negativo de la rBGH sobre la salud de las vacas, años después de que las decisiones se hubiesen tomado²⁵.

Hasta los funcionarios de la propia FDA han criticado a la agencia por su limitada revisión del fármaco, pero la FDA ha desechado estas preocupaciones y ha despedido al menos a uno de los funcionarios que denunciaron el corrupto proceso de aprobación. El veterinario Dr. Richard Burroughs evaluó las solicitudes de fármacos animales en el Centro de Ciencias Veterinarias de la FDA, desde 1979 hasta que fue despedido en 1989²⁶. En 1985, Burroughs encabezó la evaluación en la FDA de la rBGH y siguió participando directamente en el proceso de evaluación durante casi cinco años. Burroughs redactó los protocolos originales para los estudios de seguridad animal y evaluó los datos que los investigadores de la rBGH, incluyendo Monsanto, entregaban a medida que llevaban a cabo los estudios sobre su seguridad.

Un artículo aparecido en 1991 en la revista Eating Well (Comer Bien), cita una descripción ofrecida por Burroughs de cambios en la FDA a partir de mediados de los años 80. «Parecía haber una tendencia hacia la aprobación a cualquier precio. Se transformó de un entorno cuasi-universitario donde existía evaluación científica independiente a un ambiente de 'aprueba, aprueba, aprueba'²⁷». Es en este ambiente donde la FDA realizó su evaluación de la rBGH. Según Burroughs, la FDA no estaba en absoluto preparada para evaluar la rBGH, el primer fármaco animal de la BT que pasó el proceso de aprobación de la FDA; la rBGH salía del alcance del conocimiento de la mayoría de los empleados de la FDA. Pero antes de reconocer su incompetencia, la FDA «decidió tapar los estudios y las decisiones inadecuados», y los responsables de la agencia «suprimían y manipulaban datos para tapar su propia ignorancia e incompetencia²⁸».

El propio Burroughs se vio cara a cara con los representantes empresariales que querían que la agencia relajase los estrictos protocolos de ensayo, y vio cómo las empresas eliminaban a las vacas enfermas de las pruebas la rBGH y manipulaban los datos para que desaparecieran los problemas de salud y seguridad. Según Burroughs, los datos en bruto sin tocar, guardados tras las puertas de la agencia y protegidos como secretos comerciales demostrarían lo contrario.

Burroughs cuestionó el poco rigor de la agencia y su papel cambiante de guardián de la salud pública a protector de los beneficios corporativos. Criticó a la FDA y su comportamiento en el caso de la rBGH ante los investigadores del Congreso, en sus testimonios a los legisladores del estado y ante los medios de comunicación²⁹. Dentro de la FDA, rechazó varios estudios de seguridad, patrocinados por las empresas, por insuficientes y le fue impedido por sus superiores investigar datos aportados por la industria que demostraban posibles problemas de salud causados por la rBGH. Aunque Burroughs tenía una hoja de servicio en la FDA que demostraba ocho años seguidos de buen comportamiento, empezaba a recibir informes de su bajo rendimiento, que él denunció como un montaje. Finalmente, en noviembre de 1989, fue despedido por «incompetencia».

La FDA no sólo obvió la evidencia de que la rBGH no era segura, sino que favoreció el producto de Monsanto antes y después de la aprobación del fármaco. Al hacer esto, la FDA asumió el doble papel de regulador y promotor de los alimentos de la BT. El Dr. Michael Hansen de la Consumers Union señala que la FDA actuó como abogado de la rBGH al emitir notas de prensa que promocionaban la rBGH, hacer declaraciones públicas que alababan el fármaco, y redactar artículos promocionales sobre la rBGH en la publicación interna de la agencia, FDA Consumer³⁰.

Este doble papel también se manifestó de otras formas. Por ejemplo, en lo que se veía como un intento de calmar la controversia pública sobre la rBGH, dos investigadores de la FDA publicaron datos de la industria e «independientes» en la revista Science en 1990 para demostrar que la rBGH era segura para los consumidores³¹. Gerald Guest, director del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA declaró a Science, «Nos gustaría exponer nuestro punto de vista, para mostrar por qué estamos cómodos con su seguridad. Nos gustaría que la gente supiese que es un proceso meditado, y que queremos que sea abierto y creíble³²».

Evidentemente Guest estaba siendo muy optimista. El Profesor Samuel Epstein criticó a la FDA por actuar «como publicista o abogado de un fármaco animal que todavía no ha recibido aprobación³³». Epstein y otros criticaban a la FDA por incluir sólo extractos de estudios sin publicar sobre la rBGH en el artículo de Science, sin permitir una revisión independiente de los estudios completos³⁴.

Las actividades de la FDA en pro de la rBGH tienen mucho más sentido a la luz de los conflictos de intereses entre la FDA y la corporación Monsanto^35,36. Michael R. Taylor, el Vicecomisario de política de la FDA, redactó las normas de la FDA para el etiquetado de la rBGH. Las normas, anunciadas en febrero de 1994, prácticamente prohibían a las empresas lecheras hacer cualquier distinción entre los productos producidos con y sin rBGH³⁷. Para impedir que se estigmatizara la leche con rBGH en el mercado, la FDA anunció que las etiquetas sobre los productos sin rBGH debieran constatar que no existe diferencia alguna entre la rBGH y la hormona natural.

En marzo de 1994, se desveló que Taylor había trabajado durante siete años como abogado en Monsanto. Mientras trabajaba para Monsanto, Taylor había preparado un memorándum para la compañía sobre si sería o no constitucional que los estados impusieran leyes de etiquetado en relación con los productos lácteos que contienen rBGH³⁸. En otras palabras, Taylor ayudó a Monsanto a decidir si la corporación podía o no demandar a los estados y a las compañías que querían informar al público que sus productos estaban libres del fármaco de Monsanto.

Taylor no era el único responsable de la FDA involucrado en la política sobre rBGH que había trabajado para Monsanto. Margaret Miller, Vicedirectora de la Oficina de Nuevos Fármacos Animales de la FDA había sido científica investigadora en Monsanto, trabajando en los estudios sobre la seguridad de la rBGH en Monsanto hasta 1989. Suzanne Sechen era la «evaluadora principal» de la rBGH en la Oficina de Nuevos Fármacos Animales entre 1988 y 1990. Antes de llegar a la FDA había realizado investigaciones para varios estudios de la rBGH financiados por Monsanto como estudiante de postgrado en la Universidad de Cornell. Su profesor era uno de los consultores universitarios de Monsanto y un conocido promotor de la rBGH. Sorprendentemente, el GAO determinó en una investigación de 1994 que la anterior vinculación con la corporación Monsanto de estos funcionarios no suponía un conflicto de intereses. Pero para la gente preocupada por los peligros ambientales y para la salud de las aplicaciones de la ingeniería genética, la «puerta giratoria» entre la industria de la biotecnología y las agencias reguladoras federales constituye un serio motivo de preocupación.

Referencias:

¹Doyle, Jack, Altered Harvest. New York: Viking Penguin, Inc., 1985, páginas 244-246.
²Ibid, página 247.
³Ibid, páginas 249-250.
⁴Fox, Michael, Superpigs and Wondercorn: The Brave New World of Biotechnology and Where It All May Lead. New York: Lyons & Burford Publishers, 1992, página 11.
⁵«The Clinton Administration and the Biotechnology Framework», The Gene Exchange, Washington, DC: Union of Concerned Scientists, febrero 1994, páginas 6-7, 11.
⁶Fox, página 35.
⁷Ibid, página 42.
⁸Ibid, página 37.
⁹Op. cit. 4.
¹⁰Consumer Alert: FDA Approval of Flavr Savr Tomato Paves the Road for Genetically Engineered Foods, Council for Responsible Genetics, Cambridge, Massachusetts.
¹¹Op. cit. 5.
¹²Dawkins, Kristin, Gene Wars: The Politics of Biotechnology, New York: Seven Stories Press, 1997, página 33.
¹³Ibid.
¹⁴«FDA Implements Informal Food Safety Reviews: Allows food uses of seven genetically engineered crops». The Gene Exchange, Washington DC: Union of Concerned Scientists, diciembre 1994, página 3.
¹⁵Burnstein, Rachel. «Paid Protection», Mother Jones, enero-febrero 1997, página 42.
¹⁶Hansen, Michael K., Biotechnology & Milk: Benefit or Threat?. Mount Vernon, New York: Consumers Union of the United States, 1990, página 22.
¹⁷Epstein, Samuel S., «Unlabelled Milk from Cows Treated with Biosynthetic Growth Hormones: A Case of Regulatory Abdication». International Journal of Health Services, volumen 26, número 1, 1996, páginas 173-185.
¹⁸Montague, Peter. «Milk Safety». Rachel's Environment & Health Weekly, #454. Annapolis, Maryland: Environmental Research Foundation, 10 de agosto de 1995.
¹⁹Epstein, op. cit. 17.
²⁰Bleifuss, Joel, «Mucking with Milk». in These Times, 10 de enero de 1994, páginas 12-13.
²¹Christiansen, Andrew, Recombinant Bovine Growth Hormone: Alarming Tests, Unfounded Approval, Montpelier, Vermont: Rural Vermont, julio 1995, página 8.
²²Ibid, páginas 7, 12.
²³Ibid, página 14.
²⁴Ibid, página 16.
²⁵Ibid, páginas 19-21.
²⁶Canine, Craig, «Hear No Evil», Eating Well, julio-agosto 1991, páginas 41-47.
²⁷Ibid, página 41.
²⁸Ibid, página 43.
²⁹Hansen, op. cit. 16, páginas 19-20.
³⁰Hansen, op. cit 16, página 23.
³¹Juskevich, Judith C. y C. Creg Guyer, «Bovine Growth Hormone: Human Food Safety Evaluation», Science, volumen 249, 24 de agosto de 1990, páginas 875-884.
³²«FDA Publishers Bovine Growth Hormone Data», Science, volumen 249, 24 de agosto de 1990, página 852.
³³Ibid.
³⁴Epstein, op. cit. 17, páginas 173-185.
³⁵Christiansen, op. cit. 21, página 23.
³⁶Ridgeway, Jim, «Robocow: How Tomorrow's Farming Is Poisoning Today's Milk», The Village Voice, 14 de marzo de 1995.
³⁷Schneider, Keith, «F.D.A. Warns the Diary Industry Not to Label Milk Hormone-Free», The New York Times, 8 de febrero de 1994.
³⁸Ridgeway, op. cit. 36.

El director del organismo gubernamental encargado de la protección del medio ambiente británico cultiva plantas modificadas genéticamente en sus tierras. En junio de 1998, el diario The Observer, reveló que Lord de Ramsey, al frente de la Agencia de Medio Ambiente, podría embolsarse más de 1 millón de libras por la cosecha de su enorme finca de Cambridge. Se trata de uno más entre los propietarios de tierras que cobran por que la multinacional Monsanto experimente cultivos transgénicos en sus terrenos. Dichos cultivos han sido criticados por ecologistas, el príncipe de Gales y la Real Sociedad de Protección de las Aves, que temen que puedan tener un efecto catastrófico sobre el medio natural y la cadena alimentaria. La semana pasada el organismo oficial English Nature, solicitó una moratoria de 3 años para los cultivos transgénicos, para que se culminen los estudios científicos sobre sus efectos ecológicos.

De Ramsey se ha negado a explicar porqué ha autorizado los ensayos de Monsanto en sus tierras. Conservador y amigo de John Major, recibe un sueldo anual de más de 50.000 libras al año por su cargo de dos días y medio semanales en la Agencia de Medio Ambiente, la institución creada hace dos años para: «lograr un medio ambiente mejor para la presente y futuras generaciones». Uno de cuyos objetivos proclamados es: «fomentar la conservación de los recursos naturales, animales y plantas».

El diputado liberal-demócrata Norman Baker dijo que la relación de Ramsey con Monsanto es incompatible con su función en la Agencia de Medio Ambiente. «Es un escándalo» afirmó. «Su función es proteger el medio ambiente y está potencialmente contribuyendo a destruirlo. ¿Cómo puede conciliar sus obligaciones con el hecho de que está realizando peligrosos experimentos en sus tierras?».

La familia de John Fellowes, cuarto Barón de Ramsey, cultiva 6.500 acres en su propiedad de Abbotts Ripton, cerca de Huntingdon. El administrador de la finca ha autorizado a Monsanto la utilización de una pequeña zona para ensayar una remolacha azucarera modificada genéticamente para tolerar el potente herbicida Roundup. La finca recibirá una compensación económica como pago por la pérdida de cosechas.

«El herbicida Roundup es un producto de Monsanto extremadamente tóxico para las plantas» declaró Sue Mayer, directora de GeneWatch. «Su uso implica la eliminación de todas las plantas, lo que tendrá un efecto nefasto sobre el medio natural. Esto choca frontalmente con la proclamada política de reducción del empleo de herbicidas, y confirma nuestros temores de que en el gobierno y sus aledaños hay una corriente favorable a la ingeniería genética, que es contraria al sentir mayoritario de la opinión pública».

El portavoz de Friends of the Earth, Adrian Bebb, declaró: «Si él [Ramsey] planta cultivos transgénicos en sus tierras, existe un obvio y preocupante conflicto de intereses. Su agencia tendría que estar oponiéndose firmemente a esto».

«El responsable de Medio Ambiente ensaya cultivos transgénicos en sus tierras». The Observer, 19 de julio de 1998, por Jonathan Calvert y Lucy Johnson.

A los americanos les gusta creer que los alimentos que comen, los fármacos que toman, el aire que respiran y el agua que beben son saludables y seguros porque instituciones como la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) o la FDA (la Administración sobre Alimentos y Fármacos) se mantienen atentas y dispuestas a impedir cualquier riesgo. Sin embargo, dichos entes burocráticos están infiltrados por pasados o futuros empleados de las empresas cuyos productos deben controlar. En el caso de la aprobación por la FDA de la hormona recombinante del crecimiento bovina (rBGH), la «puerta giratoria» casi saltó de sus bisagras. Ferrara cita entre otros a Michael Taylor, directivo de la FDA, Margaret Miller, Jefa de la Sección de la FDA para Nuevos Fármacos en Sanidad Animal, y Suzzane Sechen, supervisora principal para la FDA de la experimentación científica sobre la rBGH, como destacados funcionarios de la FDA con antiguos lazos con la multinacional Monsanto. Pero estaba también John Gibbon, Jefe de la Oficina de Asesoramiento Tecnológico del Congreso de los Estados Unidos, que al mismo tiempo fue consejero de Monsanto durante más de una década.

La puerta gira también en la otra dirección. Marcia Hale, anteriormente asesora del presidente Clinton para relaciones intergubernamentales, tiene un nuevo empleo como coordinadora de las relaciones públicas y la estrategia corporativa de Monsanto en el Reino Unido¹. Y Mickey Kantor, anterior Secretario de Comercio de EE.UU., recientemente aceptó un puesto directivo en Monsanto². Quizás más importante aún que la puerta giratoria entre compañías biotecnológicas y las agencias encargadas de regularlas, sea el apoyo que la ingeniería genética ha recibido de la Administración. La aventura biotecnológica habría resultado imposible sin cuantiosas subvenciones directas e indirectas, así como sin una Oficina de Patentes dispuesta a asegurar que las nuevas formas de vida fueran patentables y, por lo tanto, rentables. Y como el grupo de trabajo sobre competitividad de la biotecnología del Consejo Presidencial, encargado de situar la biotecnología de EE.UU. en el mercado mundial, está por encima de las agencias reguladoras en el organigrama de la Administración, queda claro que el gobierno Norteamericano está bastante más interesado en impulsar la biotecnología que en regularla³.

Y si un gobierno amigo de las multinacionales con sus puertas giratorias no te impone un sello de aprobación a tu producto, el soborno conseguirá el objetivo. De acuerdo con un documental emitido por la emisora de televisión Canadiense CBC, Monsanto trató de sobornar a Health Canada (la versión canadiense de la FDA), ofreciendo el pago de 2 millones de dólares a cambio de recibir la autorización de comercializar la rBGH en Canadá sin tener que remitir informes de nuevos estudios o ensayos experimentales⁴.

Steven Gorelick.

Referencias:

¹Kamen, Al, «Clinton Assistant Going Private», Washington Post, Apr. 21, 1997, página A15.
²Burrows, Beth, «Government Workers Go Biotech», The Edmonds Institute, 20319-92nd Avenue West, Edmonds, Washington, USA 98020.
³Batz, Jeanette, «Milk Money».
⁴«The rGBH Scandals», Pure Food Campaign, 860 Highway 61, Little Marais, MN 55614, USA.

Desde el pasado junio, Monsanto ha gastado 15 millones de francos en una gran campaña publicitaria para «explicar» las ventajas de los alimentos transgénicos. Páginas enteras de anuncios han aparecido en prácticamente todos los periódicos y revistas franceses.

Y parece que ha dado sus frutos. Así, a pesar de que numerosas encuestas indican que la opinión pública se opone abiertamente a los alimentos transgénicos, el pasado 30 de julio el gobierno francés ha autorizado a Monsanto a producir en el Estado francés su maíz modificado genéticamente. La decisión fue tomada por el Primer Ministro Lionel Jospin y por Dominique Voynet, la ministra de medio ambiente y líder del Partido Verde(!). Dicha decisión supone una burla al llamamiento explícito a declarar una moratoria de dos años en el cultivo comercial de plantas modificadas genéticamente realizado por una comisión parlamentaria y por la «conferencia de ciudadanos», que fue convocada por el Gobierno para debatir sobre la biotecnología.

La jugada se produjo tras una petición personal del vicepresidente de EE.UU., Al Gore -el mismo que (aparentemente) escribió La Tierra en Juego- a Jospin, quien, según explicó a continuación: «comprendió la importancia de este asunto para los agricultores americanos».

Bruno Erhard-Steiner. Eurodiputado. Secretario General del Grupo Parlamentario de la Europa de las Naciones.

Tras conocerse que algunos de los integrantes del panel de asesores del gobierno en materia de liberación de organismos modificados genéticamente al medio ambiente tienen vínculos económicos con la industria biotecnológica, se ha instado al gobierno para que los cese.

Denunciando una «predisposición sospechosa» de la Advisory Committee on Releases into the Environment (ACRE) a favor de la nueva tecnología, Friends of the Earth afirmó que 8 de sus 13 miembros tenían vínculos con la industria y 6 estaban a sueldo de entidades autorizadas por la comisión a cultivar plantas modificadas genéticamente.

«Es como poner lobos a cuidar de las ovejas», dijo Adrian Bebb, de Friends of the Earth. Bebb denunció que los miembros de ACRE tenían intereses directos en cerca del 40% de los ensayos de campos que han autorizado, y que dicho panel de expertos no ha rechazado ninguna petición de liberación de organismos modificados genéticamente (OMGs) desde que se constituyó en 1992.

«Si el gobierno quiere recuperar la confianza de la opinión pública en sus acuerdos con la industria biotecnológica, debería contar con personas que susciten mayor credibilidad», afirmó Bebb.

Los integrantes de ACRE proceden mayoritariamente del ámbito académico y los institutos de investigación biotecnológica. Son nombrados por el Secretario de Medio Ambiente, previa consulta al Ministerio de Agricultura y al Departamento de Sanidad. Ninguno de ellos ha sido nombrado por la actual administración laborista.

Ayer, un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente replicó a las denuncias: «No hay ningún secreto. Los intereses de todos los componentes de la comisión son públicamente conocidos. Los expertos vinculados a una compañía concreta no intervienen en el proceso de toma de decisiones cuando dicha compañía está involucrada. Sugerir que hay irregularidades es falso».

La comisión de expertos incluye a algunos de los científicos y académicos más relevantes en el campo de la biotecnología. Uno de ellos, Nigel Poole -que trabaja para la empresa Zeneca, que ha conseguido la aprobación por la Comisión de 6 solicitudes de liberación de OMGs- dijo que abandonó la sala cuando se abordaron las solicitudes de su compañía.

Julie Hill, que trabaja para la Green Alliance y es considerada como el «símbolo verde» de ACRE, dijo ayer: «La mayoría de los miembros de la comisión llegan con una visión favorable de esta tecnología. Sería posible tener una perspectiva diferente de los riesgos de los OMGs si ACRE contara con más personas críticas con esta tecnología».

La petición de cese del panel de expertos tuvo lugar 24 horas después de que English Nature, el organismo asesor del gobierno en temas de vida silvestre, solicitó una moratoria de tres años del cultivo comercial de OMGs debido a sus potenciales riesgos para la naturaleza.

Este artículo, escrito por John Vidal, fue publicado en The Guardian el 9 de julio de 1998.

En diciembre de 1997, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) editó un documento de 600 páginas que pretendía establecer nuevos criterios de ámbito nacional sobre los alimentos biológicos. Bajo la presión de las grandes multinacionales del sector biotecnológico y agroquímico, incluyendo a Monsanto, los criterios propuestos habrían permitido el uso de la ingeniería genética, irradiación de alimentos y el empleo de lodos tóxicos reciclados en la agricultura biológica, así como un uso más laxo de productos químicos sintéticos en cultivos y alimentos biológicos procesados. También se permitirían prácticas de ganadería intensiva, con el consiguiente empleo de antibióticos y condiciones crueles de estabulación.

Con un rigor que solo se puede calificar de fascismo alimentario, el USDA también pretendía ilegalizar la creación de estándares de agricultura biológica más elevados que los suyos.

Claramente, el proyecto pretendía convertir en papel mojado el término «agricultura biológica», no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. De haberse aprobado el citado proyecto de ley, el mercado de la agricultura biológica de EE.UU., que mueve 4.200 millones de dólares, habría caído en las garras de las grandes corporaciones del sector agroquímico y biotecnológico, dejando a la cuneta a miles de pequeños agricultores. Desde 1990 el mercado de la agricultura biológica ha crecido un 20% anual -un revelador veredicto de los consumidores sobre la industria de la comida «barata» (que provoca en la actualidad más de 80 millones de casos de intoxicaciones alimentarias al año)-.

El USDA se encontró una contestación social sin precedentes. Recibió 220.000 alegaciones -el 99 por ciento de las cuales en contra de la iniciativa-. En un movimiento táctico importante, 27 de los 40 organismos reguladores de la agricultura biológica del país (tanto oficiales como no gubernamentales) acordaron adoptar unitariamente unos estándares elevados, de acuerdo a las espectativas de los consumidores de estos productos.

Aunque fuentes informadas en Washington piensan que el USDA tratará de sacar adelante una versión edulcorada de su propuesta original, la indignación social provocada ha dejado poco margen para componendas. Se ha creado una nueva organización de consumidores nacional -la Asociación de Consumidores de Agricultura Biológica- que canaliza el brote de movilización social que la propuesta de la USDA ha desatado. De este modo, irónicamente, la propuesta de ley ha supuesto una oportunidad única para promover cambios en el sector de la alimentación. Nunca las diferentes opciones habían estado tan bien delimitadas...

Adaptado de un artículo de Ronnie Cummins y Ben Lilliston, The Ecologist, volumen 28, número 4 (julio 1998).