El llamado «juicio del siglo» contra 38 traficantes de aceites de consumo, acusados de producir con sus fraudes alimenticios la epidemia conocida como «síndrome tòxico», que ha causado centenares de víctimas y miles de enfermos crónicos en toda España, está listo para sentencia. Por las características del juicio -salpicado de incidentes- y la dinámica de las sesiones y declaraciones, es muy probable que el jurado acepte la hipótesis de que fue el aceite adulterado el que provocó la epidemia, condenando a los acusados con duras penas de prisión e indemnizaciones. En los días del inicio de la epidemia la prensa española prestó cierta atención a las llamadas «hipótesis alternativas», pero conforme pasaban los años y se desarrollaba el juicio se fue comportando como «la voz de su amo», suscribiendo -salvo excepciones- las tesis oficiales sobre el aceite de colza. En la actualidad existen dos libros críticos sobre el caso del supuesto aceite tóxico: Pacto de silencio, de Andreas Faber-Kaiser, y El montaje del síndrome tóxico, de Gudrun Greunke y Jörg Heimbrecht, traducido del alemán.

A partir de sus informaciones, del estudio de las actas del juicio y de algunas entrevistas con expertos extranjeros y nacionales, hemos preparado este artículo. La conclusión principal es evidente: el aceite no ha podido ser la causa de la epidemia.

1 de mayo de 1981: El niño Jaime Vaquero, de 8 años, fallece en Torrejón de Ardoz mientras era trasladado en ambulancia hacia un centro hospitalario. A este caso se sucederán cientos y pronto miles en las siguientes semanas de mayo. Los afectados presentan gran dificultad al respirar, fiebre ligera, dolores musculares y neuralgias, cansancio general, vómitos y mareos, diarreas, exantemas y a menudo edema pulmonar. Se empieza a especular con que se trate de una epidemia producida por un germen extraño; se habla de «neumonía atípica» e incluso de «enfermedad del legionario».

6 de mayo de 1981: El Doctor Muro, subdirector del Hospital del Rey de Madrid, que ha formado un equipo para estudiar las causas de la epidemia, descarta que se trate de la «enfermedad del legionario». Muro es el primero en indicar que la enfermedad se genera a través de la vía digestiva y no de la respiratoria. Sus estudios epidemiológicos le conducen a los mercadillos periféricos de la capital, donde se venden productos sin marcas.

13 de mayo de 1981: El Dr. Muro convoca a altos cargos del Ministerio de Sanidad y los directores de otros centros en donde existen afectados. Afirma que la epidemia tiene relación directa con alguno de los ingredientes de la ensalada; también menciona que es probable que se trate de una intoxicación por plaguicidas organofosforados. Sobre un mapa de España predice con éxito los puntos en que aparecerán nuevas víctimas.

15 de mayo de 1981: El mismo día en que el Ministerio de Sanidad organiza una Comisión para coordinar las investigaciones entorno a la enfermedad, el Dr. Muro es destituido fulminantemente de la dirección en su hospital; la causa según la prensa es su agotamiento y tensión nerviosa.

16 de mayo de 1981: El entonces ministro de Sanidad, Sancho Rof, en una entrevista televisada menciona una frase histórica: «El bichito que produce el mal, es tan pequeño, que si se cae de esta mesa, se mata...».

Finales de mayo de 1981: La epidemia se extiende, el pánico cunde cuando se sabe que han aparecido casos en Málaga, Sevilla, Córdoba y otros pueblos del sur de España. Entre las gentes corre el rumor de que se trata de un veneno; las fresas son rechazadas y se sacrifican animales. Las madres no mandan sus hijos al colegio.

10 de junio de 1981: Televisión Española informa por primera vez que la epidemia puede ser generada por la ingestión de aceite adulterado. El 21 de junio el Ministerio de Sanidad anuncia que el aceite de colza desnaturalizado para uso industrial es el causante de la enfermedad.

16 de junio de 1981: Primeros procesamientos por un delito de salud pública. Por esa fecha, el Dr. Muro, que proseguía independientemente con su equipo las investigaciones, descarta el aceite adulterado como causa de la epidemia y se convence que el nexo entre epidemia y ensalada reside en los tomates provenientes de los invernaderos de Almería.

A principios de junio: Llega a Madrid una Comisión del Center for Disease Control de Atlanta -famoso por haber descubierto la «enfermedad del legionario»-. Su estudio termina por sugerir que las causas de la epidemia residen en las anilinas y anilidas del aceite. A partir de aquí la Administración española enviará muestras del aceite supuestamente tóxico a diferentes laboratorios mundiales bajo la égida de la OMS.

Marzo del 1983: Se celebra en Madrid, bajo el control de la OMS, una conferencia para revisar resultados. Ningún laboratorio extranjero ni nacional ha podido establecer un nexo causal directo con experimentación animal entre los aceites y los signos de la enfermedad. Se recomienda a la Administración española que lleve a término una revisión de todos sus estudios, lo cual se hace en Madrid, trayendo para ello científicos de Barcelona bajo la dirección de la Dra. Susana Sans. En esta comisión surgen pronto disidencias, en especial de los doctores Javier Martínez Ruíz y su esposa Maria Jesús Clavera Ortiz, que niegan la hipótesis de que el aceite sea capaz de generar la epidemia.

Septiembre del 1983: El matrimonio disidente es despedido de la Comisión Investigadora. Desde entonces ambos doctores tienen que hacer frente a numerosas penalidades y dar clases particulares para subsistir.

Noviembre del 1984: Luís Frontela, catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla, hace pública una nota en la que disiente de la hipótesis oficial y afirma que la hipótesis del Dr. Muro sobre los organofosforados es la correcta. Según Frontela, en unos modestos experimentos con animales él ha reproducido la mayoría de los síntomas de la epidemia al alimentarlos con tomates contaminados con el plaguicida Nemacur.

Diciembre del 1984: Aparece en la revista Cambio 16 un articulo titulado: «Un producto Bayer envenenó a España», en el que por primera vez se da a conocer al público que el síndrome tóxico fue causado por el plaguicida alemán «Nemacur». En un reportaje posterior, un alto cargo de la OMS, el Dr. Vettorazzi, afirma que el aceite no es el origen de la epidemia y que la tesis de los organosforados es más racional.

Principios del 1985: La empresa multinacional Bayer inicia un proceso jurídico contra Cambio 16 por difamación. A finales de este año se llega a un acuerdo extrajurídico; tras el pacto aparece un artículo en Cambio 16 rectificando las tesis sobre el Nemacur.

Enero del 1985: La OMS encarga una revisión de todos los estudios epidemiológicos existentes sobre el aceite de colza al prestigioso epidemiólogo británico Sir Richard Doll. Su informe se emite en octubre del mismo año, y en él no se afirma categóricamente que el aceite sea la causa de la epidemia.

6-7 julio del 1987: Empieza el juicio contra los traficantes de aceite que ha producido hasta la fecha unas 740 víctimas mortales y 25.000 enfermos crónicos en toda España. El Dr. Doll declara por primera vez oralmente que existen suficientes pruebas epidemiológicas para considerar al aceite tóxico como responsable del síndrome.

Finales de agosto del 1988: El juicio está visto para sentencia. El fìscal exige penas globales de 60.000 años de prisión para algunos de los acusados.

La hipótesis del accidente en la base de Torrejón de Ardoz.

Esta hipótesis no es una mera especulación. Según un artículo publicado en El País, en 1979 el sargento Marcelo Pérez destinado en la base estadounidense murió repentinamente de una enfermedad que presentaba los mismos síntomas que los del síndrome tóxico. En aquellos años también murieron algunos soldados americanos. Dado que las primeras víctimas se produjeron en Torrejón, en los periódicos se especulaba con algún accidente con una arma química o biológica. En lo concerniente a las armas químicas, el ejército estadounidense estaba y está en posesión de gases como el Tabún o el Soman (algunas patentes pertenecen a la Bayer), que en cantidades ínfimas pueden intoxicar a miles de personas en pocas horas. Precisamente estos gases se elaboran a base de sustancias organofosforadas, y según la bibliografia científica¹, los síntomas y efectos letales que producen se asemejan mucho a los del síndrome tóxico.

Otro punto en favor de esta hipótesis es la existencia de un informe secreto elaborado por expertos militares del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), dirigidos por el general Alonso Manglano, y entregado en aquellas fechas a la Presidencia del Gobierno², en el cual se descartaba la hipótesis del aceite y se afirmaba que habían muchas razones para creer que el origen de la epidemia era un ensayo de guerra química o un accidente.

Sin embargo, una reflexión sobre esta hipótesis demuestra que es poco consistente. Esencialmente por tres razones:

• Con seguridad, un accidente con una arma química o biológica hubiera causado un impacto en Torrejón de Ardoz y cercanías mucho más fuerte.
• Aunque en principio los síntomas agudos de los enfermos del síndrome coinciden con los signos que experimenta la persona afectada por un gas químico de combate como el Soman, la correspondencia no es simétrica; por ejemplo, el contacto con dichos gases suele provocar ceguera en los primeros días, afección que no se presentó en los enfermos del síndrome tóxico.
• Las instalaciones de Torrejón de Ardoz no están acondicionadas para tener este tipo de armas; falta por ejemplo la torre especial de vigilancia que existe en todos los centros donde se almacenan armas químicas o biológicas.

La hipótesis del aceite tóxico.

Esta hipótesis, sostenida por primera vez por el Dr. Tabuenca, se basa en que en algunos aceites de colza desnaturalizados e ingeridos por las víctimas se ha encontrado cierta cantidad de anilinas y anilidas, sustancias en principio tóxicas para el organismo. Sin embargo, ningún laboratorio ha conseguido probar con experimentación animal la relación entre la toxicidad de anilinas y anilidas y los síntomas patológicos de los afectados por el síndrome. Es cierto que son tóxicas -especialmente las anilidas-, pero para causar la muerte a animales se precisan cantidades astronómicas de ellas en los aceites, muy superiores a las que se encontraron. Las pruebas realizadas sobre diez especies diferentes de animales siempre han dado resultados negativos. Parece pues que las anilinas y anilidas no pueden reproducir en pequeñas cantidades la virulencia ni los síntomas de la epidemia.

Dado que la toxicología no puede fijar con exactitud la supuesta responsabilidad de las anilinas y anilidas en la epidemia, la hipótesis que achaca al aceite la responsabilidad del síndrome sólo puede basarse en los informes epidemiológicos. El informe Kilbourne no afirma tajantemente que sea el aceite la causa de la epidemia, es el informe de Sir Richard Doll, auspiciado por la OMS, el único que llega a confirmar dicha hipótesis partiendo de todos los datos obtenidos por la Administración durante todos estos años. La evaluación critica de esta hipótesis puede realizarse a partir de los argumentos de los Doctores Martínez y Clavera, que nunca fueron rebatidos coherentemente en el juicio:

• No existe una relación clara entre la comercialización del aceite sospechoso y la aparición de la epidemia. El inicio de la enfermedad se adelantó a la comercialización del aceite sospechoso; además, la desaparición de la afectación no se corresponde tampoco con las fechas de retirada del aceite fraudulento. En contra de lo que afirma la Administración, los casos de síndrome no empezaron a descender en España a partir del 10 de junio -fecha del anuncio de la toxicidad del aceite-, sino a partir de finales de mayo.
• E1 49,6% de todos los afectados fueron el único caso en sus respectivas familias, aunque todos sus familiares habían consumido el mismo aceite.
• La oleoteca que se formó con los aceites devueltos, y cuyas existencias sirvieron de base para realizar el estudio del Dr. Doll es todo menos una muestra representativa y fiable de los aceites sospechosos. Parece que en ella se dio preferencia a los aceites más contaminados con anilinas y anilidas.
• En los criterios de recogida de datos por la Administración española han existido numerosas irregularidades realizadas adrede para reforzar la hipótesis del aceite. Muchos afectados de las zonas Sur y Este de la Península no fueron incluidos definitivamente en los censos; además, a todo aquel que insistía que estaba enfermo del síndrome pero no por el aceite también se le excluía de los catálogos. Recordemos, por otra parte, que pertenecer a las listas oficiales de afectados da derecho al enfermo a recibir prestaciones y ayudas especiales.
• En Cataluña, el aceite supuestamente tóxico fue ampliamente difundido y sin embargo no se dio ni un solo caso de síndrome tóxico. En el juicio se intentó restar importancia a este hecho, arguyendo que en Cataluña el proceso de refinado se realizó mejor que en otros lugares. Pero este argumento no puede aclarar por qué partidas refinadas en Cataluña, e inocuas en principio, se volvieron tóxicas y produjeron el síndrome cuando se vendieron en Castilla.
• Durante el juicio, los expertos oficiales trataron de ignorar la paradoja de la diversa afectación en el seno de una familia. Afirmaban que si algunos miembros de la familia no fueron afectados «se debía a diferencias genéticas y de sistema inmunitario». Sin embargo, en una intoxicación de origen químico las diferencias genéticas tienen mucha menos importancia.
• En la Universidad de Somosaguas de Madrid, donde se consumió durante semanas el aceite supuestamente tóxico, ningún alumno enfermó, excepto el portero. El aceite supuestamente tóxico también se empleó en las cocinas del hospital más grande de España: el «Primero de Octubre» de Madrid, pero ningún miembro del personal sanitario ni los enfermos del centro sufrieron el síndrome.
• Existe un principio fundamental en epidemiología según el cual una sustancia sólo se empezará a aceptar como responsable de un trastorno cuando los que hayan desarrollado la enfermedad se hallen en relación con ella. En el caso del síndrome, existen muchos casos de afectados por la enfermedad que nunca tomaron aceite. Sólo por este hecho podría descartarse la hipótesis del aceite. En el juicio, el Dr. Doll, una vez confrontado con uno o dos casos recogidos en las estadísticas que afirmaban no haber consumido para nada aceite, se obstinó en afirmar que se trataba de fallos de memoria de los pacientes.

Los Doctores Muro y Frontela sostienen que el síndrome fue causado por plaguicidas o sustancias tóxicas organofosforadas, presentes en partidas de tomates procedentes de un único origen, que se distribuyeron por vías de comercialización como mercadillos y venta ambulante. Los estudios del Dr. Muro⁴ indican que se trata de un plaguicida sistémico, es decir del tipo que es absorbido por la planta y se distribuye por todo su interior, incluidos tallos y frutos, envenenando al parásito que los muerde. Por ello no sirve de nada lavar las hortalizas para evitar ingerirlo. Su nombre es fenamifós, un nematicida organofosforado que la industria Bayer incluye en su producto comercial «Nemacur», prohibido en numerosos países y no permitido en su país de fabricación (Alemania Federal), cuyo uso se multiplicó en España por aquellas fechas. Una vez absorbido por las plantas, los residuos o metabolitos de dicho plaguicida adquieren una toxicidad 49 veces mayor que en su estado primitivo. Según los datos del Dr. Muro, los tomates venenosos provenían de los cultivos intensivos de Almería y eran de la marca Lucy, de baja calidad, lo que explica sus canales de distribución; incluso se sabe que procedían de la localidad de Roquetas de Mar y que habían sido vendidos en las lonjas llamadas Agrupamar; incluso se tienen datos de los nombres de once agricultores que por aquellas fechas usaron Nemacur, y en vez de esperar los tres meses de «plazo de seguridad» antes de recolectar el fruto, como se indica en el envase, lo hicieron al cabo de una o dos semanas -una práctica bastante común en los cultivos extratempranos de Almería-. Bastan mil metros cuadrados con 75 tomateras de cultivo temprano (en las fechas de la epidemia sólo se producían tomates en cuatro provincias españolas) para producir mil kilos con los que intoxicar a una población similar a la afectada por el síndrome tóxico.

El mismo Dr. Muro, aparte de estudios epidemiológicos, realizó estudios toxicológicos de incógnito, que dieron resultados positivos en cuanto a la reproducción de los síntomas del síndrome en experimentación animal. Los primeros experimentos sobre animales del Dr. Frontela también permitieron reconstruir patrones de afectación muy similares a los que provocaba el síndrome tóxico en pacientes, en especial el impacto neurotóxico. Escasos meses antes de iniciarse el juicio, la Administración se avino por única vez a que el Dr. Frontela realizase con ciertos medios económicos una investigación toxicológica más completa con monos. No obstante, parece que la intención de la Administración al encargar el estudio a Frontela, en vista de su mismo boicot en la concesión de créditos para este experimento y las diversas triquiñuelas legales empleadas para retrasarlo, era descalificarlo durante el juicio.

La empresa Bayer, en diversas notas de prensa, indicó la imposibilidad de que los organofosforados fueran responsables del síndrome tóxico, ya que en los estudios patológicos realizados por los médicos españoles no aparecía la inhibición de la enzima colinesterasa, que es el signo más característico de intoxicación por este tipo de plaguicidas.

Esta afirmación de la empresa alemana es irrelevante para descalificar la responsabilidad de sus productos, pues por un lado la determinación de la colinesterasa ha de hacerse en las primeras 48 horas de la enfermedad, antes de que desaparezca esta sustancia del organismo. Pero además, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Dr. Enrique de la Morena, jefe del Departamento de Bioquímica Experimental, determinó la colinesterasa en algunos enfermos con los síntomas del síndrome, dentro de esas 48 horas. Los resultados confirman la inhibición de esa enzima del sistema nervioso⁵. Dicho médico indica que entregó estos importantes estudios a la Comisión del Síndrome Tóxico. Casualmente, dichos documentos han «desaparecido» del archivo de 1a Comisión, y De la Morena afirma que nunca hizo copias.

La dimensión política del síndrome tóxico.

Para emitir un juicio sobre las dos hipótesis principales, es imprescindible tener en cuenta la dimensión política y social del síndrome tóxico.

Para empezar destaca el fenómeno de la disidencia de diversos científicos, como Muro, Frontela, Javier Martínez y María Jesús Clavera, cosa que no ocurre todos los días en una investigación. El carácter de desafío a la posición oficial, la suspensión de empleo y la penuria económica de algunos de estos investigadores, inclinan a creer en su honestidad y a considerar mínimamente sus argumentos. En segundo lugar, la Administración ha coartado la libertad esencial para toda investigación científica, tomando partido y desarrollando un fuerte intervencionismo. Despide nada menos que al único médico -el Dr. Muro- que había descubierto que no se trataba de una neumonía atípica sino de una intoxicación por vía digestiva, con lo que éste se vio obligado a financiar personalmente todos sus estudios; por otro lado se encarga un estudio toxicológico a Frontela, pero se le niegan los créditos para la alimentación de sus animales⁶, hasta que éstos mueren por inanición; se realizan grandes presiones para seleccionar determinados grupos de afectados, se presiona a los medios de comunicación para que presten poca atención a determinados aspectos de las tesis de los disidentes, y así sucesivamente. Por otro lado, se gastan increíbles sumas de dinero en tratar de probar en todo el mundo que el aceite ha sido la causa (25.000 millones de ptas.) y nunca se presta atención ni se financia un solo estudio de las hipótesis alternativas. Uno de los argumentos más usados en el juicio por epidemiólogos extranjeros ha sido la falta de publicaciones internacionales recogiendo las hipótesis alternativas; pero precisamente esto era imposible pedírselo a un grupo de científicos que trabajan con fondos propios y se encuentran con todas las puertas cerradas.

Existen además sucesos extraños y no explicados, de los que se desprende que a altos niveles se ha tratado de bloquear el avance de la hipótesis de los plaguicidas. Uno es la oferta económica que se le hizo al Dr. Muro en los primeros meses de investigación para que dejase el asunto en manos de desconocidos intermediarios; otro la desaparición de un saco de muestras del despacho del mismo médico en el Hospital del Rey, a cargo de funcionarios de Sanidad; a esto hay que añadir los destrozos causados por misteriosas personas durante la noche en los laboratorios del Dr. Frontela, o el asalto a los archivos de la Asociación de Afectados por el Síndrome Tóxico de Madrid (FUENTOX), cuyos miembros, a diferencia de la Asociación Oficial de Afectados, apoyan la tesis de los organofosforados como causa del síndrome. Sumemos a esto la oferta de traslado a Estados Unidos de los periodistas que hicieron el artículo en Cambio 16 implicando a la Bayer, la destitución del director de Cambio 16 por aquellas fechas, y la suspensión repentina de un programa de televisión sobre el síndrome y el despido fulminante de los reporteros que lo elaboraron. Finalmente, la prensa española que ha seguido el juicio se ha limitado a reflejar la dinámica de la sala sin efectuar ninguna exposición crítica de las tesis alternativas que se iban proponiendo. Una lectura atenta de las actas del juicio convence a cualquiera que los periódicos sólo publicaban o destacaban los aspectos acordes con la hipótesis oficial. ¿Cuáles pueden ser las razones que llevaron a la Administración española, tanto de UCD como socialista -el PSOE había prometido desde 1a oposición aclarar la confusión del síndrome tóxico- a apoyar a toda costa la hipótesis del aceite?. Las razones pueden ser las siguientes:

• Caso de que se hubiese probado que la intoxicación tenía su origen en los plaguicidas organofosforados, el Gobierno hubiera tenido que exigir astronómicas indemnizaciones a las multinacionales del sector agroquímico, empresas que precisamente por aquellos tiempos, ante la inminente entrada de España en la CEE, estaban invirtiendo dinero en nuestro estado...
• El ciudadano español se habría dado cuenta, de una vez por todas, de la peligrosidad e irracionalidad del sistema de agricultura intensiva actual, lo que hubiera significado un ataque a uno de los pilares más básicos de los Estados modernos: el complejo químico-farmacéutico, y a los Ministerios oficiales que permiten una aplicación masiva de tales sustancias en los circuitos de consumo.
• Finalmente, la confìrmación de los organofosforados como causantes habría supuesto un duro golpe para la exportación de frutas y hortalizas a otros países europeos. Las ventas y exportaciones habrían descendido significativamente hasta que el Gobierno español no hubiese dado garantías del control de los plaguicidas, algo realmente difícil de lograr.

En cambio, hallando cabezas de turco en los traficantes del aceite, la Administración española giraba completamente el curso de los acontecimientos. Las responsabilidades de la epidemia no recaían sobre el sistema económico y agrícola de la sociedad, sino en personas que no acataron las leyes del Estado. La epidemia no era así resultado del sistema, sino de la acción de personas que no cumplieron las órdenes de dicho sistema.

La hipótesis más verosímil.

El Dr. Muro, que se hallaba en el vértice de la epidemia y que realizó multitud de charlas y encuestas con los afectados, descartó la posibilidad del aceite como causante en las primeras semanas de su investigación. Lo más grave que puede aducirse contra la hipótesis oficial es que -a la vista del trasfondo político del caso- se decidió que el aceite debía ser la causa de la epidemia, y a partir de ahí la Administración fue dirigiendo y seleccionando el curso de la investigación en una sola dirección.

Con la tesis de los organofosforados puede explicarse que miembros de una misma familia enfermasen y otros no, según sus gustos culinarios; también la brusca desaparición de la enfermedad, así como -teniendo en cuenta la toxicidad de los plaguicidas- la virulencia de la epidemia. Con los argumentos de Muro y Frontela encajan casi todas las piezas del complicado rompecabezas, incluso se explica la sospecha de los militares españoles de que el síndrome fuese provocado por un arma química, ya que, como hemos visto, los organofosforados también son la materia base de ciertas armas. Recordemos, por otra parte, que en el lecho de muerte del Dr. Muro se hallaba un alto cargo militar del CESID.

Es cierto que desde un criterio científico riguroso la hipótesis de Muro y Frontela no puede confirmarse definitivamente como la causa de la epidemia -para que esto fuera así se deberían completar los estudios toxicológicos y recopilar todo el material epidemiológico-. Pero como ya hemos visto, la culpa no es de los mencionados investigadores: el que las llamadas «hipótesis alternativas» nunca hayan sido rigurosamente comprobadas se debe esencialmente a que la Administración despidió a la mayoría de quienes las investigaban. El hecho de que la mayoría de los científicos españoles hayan dado el visto bueno a la tesis del aceite tóxico sólo prueba que tienen en gran apego a su nómina y nada más. En cuanto a los científicos extranjeros que desde la distancia ven más verosímil la tesis del aceite tóxico como causante de la epidemia, hay que indicar que en cuanto no tienen relación directa con la OMS esto suele cambiar. Recientemente el famoso catedrático Ottmar Wassermann, director del Instituto Toxicológico de la ciudad alemana de Kiel, declaraba su escepticismo en torno a la responsabilidad del aceite y su preferencia total por la hipótesis de los organofosforados.

Por todo ello, independientemente del veredicto que se emita en el juicio, está claro que el aceite adulterado no fue la causa de la epidemia.

Reflexiones finales.

Desde un criterio ecológico, este caso ha demostrado en primer lugar el peligro que existe en el panorama alimentario español. Ha salido a la luz el fraude cotidiano de los alimentos, ya que, como afirman los aceiteros, las mezclas de aceites se vienen haciendo desde tiempos inmemoriales en nuestro estado. Recordemos por otra parte que es la misma Administración la que permite, a través de la estrategia de los «límites tolerables», que en los aceites de consumo puedan existir determinadas cantidades de sustancias tóxicas sin que nadie se rasgue las vestiduras. En el juicio, y ante la estupefacción de una parte de los asistentes, un experto gubernamental en análisis de consumo declaró que es corriente que en el mercado existan aceites de consumo con el 3% de anilinas (en los aceites supuestamente tóxicos el máximo era del 2,5%); lo que brinda una razón más para descartar la hipótesis del aceite. En segundo lugar, si, como todo parece indicar, la hipótesis del Nemacur es cierta, se evidencia el peligroso camino que ha emprendido la agricultura estatal. En los últimos años, debido a la persistencia en el medio ambiente de los plaguicidas organoclorados (caso del DDT), la agricultura intensiva está potenciando el uso de los organofosforados, que desaparecen mucho más rápido de la vegetación y las tierras. Pero, ¿qué pasa con sus residuos?. Como muestra el caso que nos ocupa, hemos caído de la sartén a las brasas. La química del fósforo, de origen claramente militar, trasvasa la enorme toxicidad y virulencia de las armas quimicas fosforadas al campo de la agricultura.

¿Cómo no advierte la sociedad la irracionalidad de este paso?. En agricultura existen métodos ecológicos de cultivo que no necesitan para nada el empleo de plaguicidas sintéticos y persistentes para obtener buenas cosechas. Pensemos que el drama de Roquetas de Mar puede repetirse en cualquier momento, en cualquier invernadero de nuestro país, ya que, por ejemplo, el Nemacur se continúa empleando en hortalizas diversas, incluido el tomate, y en fórmulas con el 10 y el 40% de fenamifós, esté último bajo 1a categoría C-C-C, típico de productos de elevada toxicidad, que han de emplearse con muchas precauciones (las hortalizas de fruto no podrán recogerse hasta tres meses después del tratamiento). También está autorizado oficialmente para patatas (solo para obtener simiente, no para consumo) con un plazo de seguridad de seis meses. La pregunta es: ¿nos podemos fiar de los agricultores?. El juicio se nos ha presentado, además, como una tragedia en la más pura tradición calderoniana; en él no ha faltado ningún elemento del «alma nacional»: muertos, pícaros, traidores, disidentes, perseguidos, y arrogantes; pero quizá el momento cumbre del juicio fue aquel en que uno de los aceiteros acusados se ofreció delante del juez a beberse un vaso del aceite supuestamente tóxico para demostrar que el aceite no producía el síndrome (cosa que sí hicieron varios afectados durante una semana, y en ninguno de ellos puede apreciarse actualmente un empeoramiento). El juez, por supuesto, denegó la petición... Alguien en la sala dijo entonces que el juicio podría resolverse si se pedía también al director de la Bayer en España que ingiriese una ensalada de tomates cultivados con Nemacur. Acaso la estrategia de Salomón habría resuelto la causa sin necesidad de tan largas sesiones...

¹Gudrun Greunke y Jörg Heimbrecht, El montaje del síndrome tóxico, Editorial Obelisco, Barcelona 1988, página 84.
²Rafael Cid, El montaje del síndrome tóxico, Editorial Obelisco, Barcelona 1988, página 8.
³Gudrun Greunke y Jörg Heimbrecht, El montaje del síndrome tóxico, página 78, Editorial Obelisco.
⁴Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada, La intoxicación epidémica de la primavera y verano de 1981 en España, Madrid, 1982.
⁵Andreas Faber-Kaiser, Pacto de silencio, Compañía General de las Artes, Barcelona 1988, página 271.
⁶Gudrun Greunke y Jörg Heimbrecht, El montaje del síndrome tóxico, página 154, Editorial Obelisco.